Cientos de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional han sido asignados a una intensa cacería, de varias semanas de duración, para encontrar a personas no ciudadanas entre los votantes registrados del país, pese a la ausencia de evidencia de un fraude generalizado, según documentos y videos de capacitación revisados por The New York Times.
Los agentes están escudriñando los padrones electorales administrados por los estados, y están utilizando información de identificación personal sobre votantes individuales, como sus fechas de nacimiento y números de Seguro Social parciales, para buscarlos en esos padrones, según los documentos.
En algunos casos, los investigadores, en la práctica, se hacen pasar por votantes individuales al ingresar sus nombres e información personal en sitios web dirigidos al público administrados por el principal funcionario electoral de cada estado. Algunos de estos sitios advierten que están destinados para uso individual, lo que podría plantear inquietudes sobre la privacidad.
La extraordinaria operación revela el grado en que el gobierno de Donald Trump está buscando pruebas de fraude antes de las elecciones de noviembre. En privado, el gobierno llama a este esfuerzo la Iniciativa contra el Votante Ilegal, y está retirando a agentes de sus funciones habituales, que incluyen investigar delitos graves como la trata de personas y el terrorismo.
Dadas las décadas de pruebas que demuestran lo raro que es el voto de los no ciudadanos, no está claro qué descubrirá el gobierno, qué tan verificables serán los hallazgos y qué planean hacer el presidente Trump o el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, con esos hallazgos. Una base de datos administrada por la conservadora Fundación Heritage identifica unos 100 casos de voto de no ciudadanos a lo largo de un cuarto de siglo. Más recientemente, aproximadamente 400 no ciudadanos —una fracción mínima del electorado— votaron en Nueva Jersey después de que un fallo informático condujera a su registro indebido.
Trump ha afirmado falsamente desde su derrota en 2020 que el fraude es una epidemia en las elecciones estadounidenses. Este año, se ha centrado en gran medida en el voto de los no ciudadanos, llamándolo una “crisis de seguridad electoral” en un discurso en julio y haciendo afirmaciones sin fundamentos de manera regular de que cientos de miles de residentes que no son ciudadanos se han registrado para votar o han emitido su voto.
El presidente ha utilizado sus afirmaciones para justificar amplias restricciones al voto que quiere que el Congreso promulgue, y otras que está intentando implementar con una orden ejecutiva que permanece estancada en los tribunales federales. También ha sugerido que las restricciones, como exigir pruebas de ciudadanía para registrarse para votar, ayudarían a los republicanos a ganar elecciones en lo que las encuestas sugieren se perfila como un año, por lo demás, desfavorable para su partido.
El enfoque implacable de Trump en el voto de los no ciudadanos ha preocupado a los funcionarios electorales de ambos partidos. Hasta ahora, el gobierno ha sido incapaz de verificar sus afirmaciones, y en la práctica ha admitido a veces que sus cifras han sido exageradas. Sin embargo, la repetición pública de falsedades sobre el fraude electoral ha continuado sembrando dudas y desconfianza en el proceso electoral antes de unas reñidas elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso.
Todo esto ha dejado a los grupos defensores del derecho al voto y a los demócratas cada vez más preocupados de que el presidente intente interferir en las elecciones. Y ha alarmado a exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional de que la agencia esté siendo utilizada como un arma como parte de este esfuerzo.
“Esta es una expedición de pesca descaradamente política que utiliza métodos cuestionables para intimidar a la gente y evitar que ejerza su derecho al voto”, dijo Amanda Baran, una ex alta funcionaria de ciudadanía e inmigración del gobierno de Biden.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el departamento “está comprometido a garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones de Estados Unidos. El presidente Trump y el secretario Mullin han hecho de la integridad y seguridad de nuestras elecciones una prioridad absoluta”.
Una cacería en los 50 estados
El núcleo de la operación es una recopilación de datos de cientos de miles de votantes de todo el país. No está claro si estos son los mismos datos que citó el departamento cuando anunció en julio que decenas de miles de no ciudadanos estaban registrados en cuatro estados, una afirmación que demostró ser enormemente exagerada. Tampoco está claro cuáles fueron los criterios para reunir los datos: las primeras revisiones revelaron que incluyen a algunos ciudadanos estadounidenses, según una persona que habló bajo condición de anonimato para describir la operación, de carácter delicado.
Los agentes han remitido más de 1000 casos a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), tras determinar que ameritaban una revisión adicional, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Los agentes están buscando no ciudadanos que se hayan registrado para votar o que ya hayan votado, o ciudadanos naturalizados que se registraron antes de ser elegibles, según los documentos. Los casos luego pasan a los oficiales de la HSI que están en el terreno realizando entrevistas, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato para hablar sobre procesos internos.
Según documentos de capacitación revisados por The Times, los agentes involucrados en la operación forman parte de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Recibieron un video de capacitación la semana pasada, y se les asignaron datos de votantes para escudriñar la lista de los 50 estados, según una persona familiarizada con la capacitación.
Los documentos no indican qué agencia elaboró la lista ni de dónde provienen los datos de origen. Pero un video de capacitación visto por The Times indica que la mayoría de los datos iniciales provinieron de archivos públicos de votantes obtenidos de los estados a través de varias agencias dentro del gobierno.
El primer paso del agente es verificar si los datos del votante coinciden con las bases de datos del DHS que incluyen información sobre ciudadanía, solicitudes y otros datos relacionados con el estatus migratorio. Tras detectar un nombre que aparece en ambos registros, se les indica que revisen exhaustivamente las bases de datos del departamento para verificar el estatus de ciudadanía y las fechas de naturalización en busca de un “posible votante ilegal”. Esto podría incluir a personas no ciudadanas que hayan votado, a quienes se hayan registrado pero no hayan votado, o a quienes ahora son ciudadanos pero se registraron para votar antes de ser elegibles, según los documentos.
A los agentes se les indica que usen sitios web públicos de registro de votantes alojados por los secretarios de estado u otros altos funcionarios electorales de cada estado. Un sitio web interno de la Iniciativa contra el Votante Ilegal, cuyas capturas de pantalla fueron revisadas por The Times, incluye enlaces para cada estado que dirigen a los agentes hacia estos sitios, la mayoría de los cuales fueron diseñados para que los propios votantes verificaran su estatus de registro y su historial de votación.
Una página introductoria en el sitio web interno indica que “realizar verificaciones en sitios web estatales de registro de votantes de fuente abierta” y bases de datos comerciales “puede ofrecer pruebas de registro de votantes o de votación”.
Una diapositiva de la capacitación revisada por The Times incluye directrices de la oficina del asesor jurídico principal del Departamento de Seguridad Nacional, que afirman que “está permitido” que los agentes “usen estos sitios web estatales de votantes con el fin de confirmar el estado de registro de votantes en lo que respecta a la elegibilidad de un extranjero para un beneficio de inmigración”. Durante el video de capacitación, se les dice a los agentes que la Oficina del Asesor Jurídico Principal “ha aconsejado que está perfectamente bien” que los agentes “usen esos sitios web para buscar registros, por lo que esos enlaces están ahí para ustedes”.
Durante otra parte del video de capacitación, un funcionario del DHS da un ejemplo usando el portal de votantes de Alabama.
“Tengo a Alabama en la pantalla”, dice el instructor. “Si estás asignado a casos, casos de Alabama, y quieres buscar en su sitio de registro estatal, necesitarías el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de la persona tal como se ingresaron en su registro”.
Algunos de estos sitios públicos de búsqueda de votantes están destinados únicamente para el uso del votante. En Florida, el portal de estatus del votante incluye un aviso legal que indica que “este sitio web está destinado para que un votante registrado determine su estado de registro y votación”. En Nueva York, el portal dice: “Para usar esta página, debe ser un votante registrado en el estado de Nueva York”. En Virginia, los usuarios deben marcar una casilla que certifica: “Certifico y afirmo que la información proporcionada para acceder a mi registro de votante es mía propia, o que estoy expresamente autorizado por el votante para acceder a esta información. Entiendo que es ilegal acceder al registro de cualquier otro votante”.
Las protecciones de privacidad y las leyes de información de votantes varían de un estado a otro, por lo que no está claro en qué zona gris legal, si la hay, podrían estar entrando los investigadores federales.
Nina Sheridan, portavoz del fiscal general de California, dijo que la oficina está “trabajando vigorosamente para proteger los datos confidenciales de los votantes, y estamos listos para protegernos contra los intentos del gobierno federal de eludir las protecciones de larga data que tenemos vigentes”. Agregó que la oficina estará “vigilando de cerca”.
Un desvío de recursos
Los agentes de la división de fraude que han sido apartados de sus deberes habituales para la Iniciativa contra el Votante Ilegal incluyen a una amplia gama de investigadores especializados en investigar una serie de delitos, entre ellos amenazas a la seguridad nacional y la aplicación de las leyes migratorias.
Documentos revisados por The Times revelan que la investigación abarca múltiples divisiones dentro del DHS, lo que sugiere una amplia operación en todo el departamento. Aunque la mayor parte del trabajo de investigación está recayendo en agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los agentes están enviando remisiones a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y compartiendo datos con Elecciones e Integridad del DHS, una nueva división creada durante este gobierno y una prioridad absoluta de Trump y Mullin.
A principios de esta semana, a los agentes de la HSI se les informó de una “iniciativa intensiva sobre el fraude electoral criminal” que comenzaría esta semana, e involucraría entrevistas en el terreno y una “revisión fiscal oportuna”, según documentos revisados por The Times. La iniciativa intensiva fue reportada inicialmente por CNN.
Sin embargo, durante la capacitación, los funcionarios del DHS se mostraron cautelosos respecto a las investigaciones excesivamente celosas y recelosos de sus datos. Durante uno de los videos de capacitación, Paul Gleason, un funcionario del DHS, instó a los participantes a evitar identificar incorrectamente a los ciudadanos como votantes no ciudadanos. Ese error ha ocurrido cuando los investigadores han identificado a no ciudadanos en los registros del gobierno, como los datos de licencias de conducir, sin profundizar para ver si desde entonces se han naturalizado.
“El propósito de este proceso es remitir a HSI a los votantes ilegales y a los votantes registrados de manera ilegal”, dijo Gleason. “O sea, no es lo contrario. No estamos remitiendo a ciudadanos estadounidenses confirmados. Así que lo que quiero decir con eso es que si creen que alguien probablemente obtuvo la ciudadanía, deberíamos inclinarnos por no hacer la remisión. ¿De acuerdo? No queremos que la HSI llegue a las puertas de los ciudadanos estadounidenses y, ya saben, los esposen o los interroguen. Solo estamos derivando a las personas que creemos que son votantes ilegales”.
Nick Corasaniti es reportero del Times y cubre política nacional con énfasis en votaciones y elecciones.
Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.
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